El derecho a la educación y el caso de México

El artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que: Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada y el acceso a los estudios superiores será igual para todos.
Por otro lado, el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Culturales, del que México es parte, declara: La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos por cuantos medios sean apropiados y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita.
Por último, en la propuesta Metas Educativas 2021: la educación que queremos para la generación de los Bicentenarios, aprobada en 2008 por las autoridades del sector educativo de todos los países iberoamericanos, los involucrados se comprometieron, entre otras cosas, a: Lograr la igualdad educativa y superar toda forma de discriminación en la educación; ofrecer a todas las personas oportunidades de educación a lo largo de toda la vida; reforzar la investigación científica y tecnológica y la innovación en la región; invertir más e invertir mejor en el rubro.
Sin embargo, como cada año se evidencia, en México la realidad dista mucho de parecerse a lo que debiera ser. No es lo mismo dar la palabra, firmar acuerdos y formular promesas, que cumplir y hacer. El subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán, reconoció recientemente que esta administración no ha logrado avanzar casi nada en cuanto al crecimiento de la oferta educativa y los espacios disponibles para acceder a la educación superior. A su entender, el fenómeno de los excluidos no se debe a la falta de capacidad del sistema educativo, sino a una serie de factores (por ejemplo, el que cada año se suman miles de jóvenes, excluidos en el pasado, a la demanda de ingreso a las universidades públicas) que no por ser ciertos explican a cabalidad esta lamentable situación. También declaró que este año México cerrará presentando una cobertura en el rubro de 35%, muy por debajo de la media latinoamericana (en Argentina es de 70%). Tuirán admite que la política pública tiene la responsabilidad de multiplicar las opciones educativas, pero convenientemente omite referir que en México existen sólo seis universidades públicas federales: la UNAM, el IPN, la UPN, El Colegio de México, la UAM (la última creada en el lejano 1973) y la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, de Coahuila. Es indignante, preocupante e inaceptable que cada año cientos de miles de jóvenes sean excluidos de la posibilidad de continuar su formación en alguna institución de educación superior. Y este problema no es por culpa o falta de compromiso de las universidades públicas del país, no se debe a una cerrazón de las universidades para con la totalidad de la juventud mexicana que quiere ingresar a ellas; en eso el subsecretario tiene razón: ninguna institución en el mundo está diseñada para captar a todos los que desean ingresar ahí.
La culpa es de nuestros gobernantes que no han invertido en el sector, que no han fundado nuevas universidades de calidad para cubrir la demanda nacional (y no por falta de recursos, sino por falta de visión y de un compromiso real con el futuro y el desarrollo de nuestro país), la culpa es por la falta de una política de Estado que considere a la educación y al desarrollo de la ciencia y la tecnología nacionales como una cuestión estratégica y como un pendiente al que urgentemente habrá que dar solución.
http://conexiontotal.mx/2012/07/28/opiniones/